La mayoría de los gobernadores lo habían anticipado si no había respuestas por parte de Casa Rosada. Y hace instantes se concretó. 16 mandatarios provinciales se presentaron ante la Corte Suprema de la Nación para frenar la rebaja del IVA a los alimentos de la canasta básica y Ganancias porque al ser un impuesto coparticipable entienden que no hubo consulta por parte del Poder Ejecutivo, lo que significa una merma automática en las arcas públicas sin la debida planificación. Las presentaciones ante la Corte -que fueron individuales- las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan, consignó el diario La Nación.

Federico Nazur, fiscal de Estado de Tucumán, confirmó al matutino que las presentaciones explican que el decreto es “inconstitucional”, ya que la competencia para legislar sobre impuestos la tiene el Congreso de la Nación. “No corresponde hacerlo por decreto”, explicitó. Según los cálculos de esas provincias, el costo total asciende a casi $35.000 millones para lo que resta del año.  Si bien se especuló con que Córdoba también se sumaría, ya que el gobernador Juan Schiaretti había dicho presente en la reunión de la semana pasada a través de su ministro de Economía, aún no está confirmado. “Esta mal hecho, no se si por ineficiencia o por voluntad de que gane otro el IVA”, disparó el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en declaración con Bremer Directo, por Conexión Abierta. Senado. Además, un grupo de senadores del PJ encabezado por Dalmacio Mera, Alfredo Luenzo y Carlos Caserio presentó un proyecto de ley para “compensar el desequilibrio que trajeron aparejadas las medidas del gobierno nacional sobre IVA y Ganancias”. La iniciativa pretende crear una partida presupuestaria de 40 mil millones de pesos, provenientes de fondos de aportes del Tesoro nacional, que compensarían los menores ingresos coparticipables que percibirán las provincias por las exenciones impositivas establecidas por el Ejecutivo.