Buscan legalizar el uso de celulares para personas privadas de libertad

Así lo sugirió el Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco. En la pandemia se habilitó por primera vez el uso de teléfonos como medida excepcional mientras perdurare dicha restricción.

Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, medida decretada durante el año 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19, se restringieron totalmente las visitas en las unidades penales del país y la provincia del Chaco no fue la excepción. En dicho contexto, siguiendo recomendaciones de organismos Nacionales e Internacionales en materia de Derechos Humanos, se habilitó por primera vez el uso de teléfonos celulares como medida excepcional mientras perdurare dicha restricción.

En el marco del plan de desescalada, las visitas están volviendo paulatinamente tanto en la órbita de las comisarías como del Servicio Penitenciario. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, atendiendo este escenario y a la experiencia que arrojó el uso de celulares por parte de las personas detenidas, se trabajó en la Recomendación al Estado para la «Regulación Definitiva de Uso de Dispositivos Móviles Inteligentes por parte de las Personas Privadas de Libertad en la Provincia del Chaco».

Kevin Nielsen, vicepresidente del organismo, explicó cuál es la importancia de la medida, deshaciendo prejuicios y adentrándose, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, en los beneficios que traería la aplicación de estas recomendaciones. “Recomendamos la regulación definitiva del uso de celulares por parte de las personas privadas de libertad. Nos referimos a regulación definitiva, ya que hasta el momento el uso de celulares se habilitó excepcionalmente como medida compensatoria ante la restricción de visitas en las distintas provincias, circunstancia que se está normalizando paulatinamente”, alegó.

“Creemos que estamos en condiciones de ser pioneros en avanzar hacia la legalización definitiva de la herramienta de los celulares como un derecho por parte de las personas privadas de libertad. Es decir, que no sea solo una medida compensatoria, sino que se convierta en un derecho autónomo y complementario al de las visitas de familiares y allegados. Cuando decimos “derecho” lo decimos en términos figurados, porque el uso de celulares en realidad no es un derecho en sí, sino un instrumento para acceder a derechos, como el derecho a la comunicación, a la información, a la educación, derechos culturales, acceso a la justicia, entre otros que no están- o no debieran estar- restringidos por el encierro”, agregó.

“La habilitación de uso de celulares trajo resultados altamente positivos. Como describimos en nuestra Recomendación, no generó ningún inconveniente de los que se mencionaron, históricamente y sin base empírica, para negar este derecho. Todo lo contrario, fueron un factor clave para mantener la paz en los contextos de encierro durante la vigencia de las medidas sanitarias. En varias provincias se generaron motines violentos con resultados letales producto del aislamiento total que significó la restricción de visitas”, aseveró.

 

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