La estructura del financiamiento educativo en Argentina es heterogénea entre las provincias, lo que determina distintos niveles de dependencia de la Nación. Los sistemas educativos de las provincias tienen distintos niveles de dependencia de la Nación: entre el 11% y el 53% del gasto educativo provincial se financia con fondos nacionales. Las provincias destinan en promedio el 3,4% del presupuesto educativo a infraestructura y equipamiento.

En un extremo, en Santiago del Estero el 53% del gasto educativo provincial se financia con fondos nacionales. En 12 provincias, los fondos nacionales representan entre el 30% y el 40%. En el extremo opuesto, en 3 de las provincias patagónicas la participación oscila entre 11% y 15%.

Los datos surgen del informe “¿Cómo y cuánto se invierte en la educación argentina?”, del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Agustín Claus, docente de Economía de la Educación de FLACSO, que analiza la evolución y la estructura del gasto educativo en la Nación y las provincias.

Las provincias destinan, en promedio, el 96,6% de sus presupuestos a salarios y otros gastos corrientes, mientras que el gasto en infraestructura y equipamiento es, en promedio, 3,4%. En 2017 (último dato disponible), el porcentaje de gastos de capital (en infraestructura y otros bienes durables) alcanza un máximo en San Luis (16,5%) y un mínimo en Santa Cruz (0,8%).

“El bajísimo nivel de inversión en infraestructura y equipamiento no permite esperar ningún salto importante en el sistema. Una mirada de alcance nacional es necesaria para guiar un ambicioso plan de inversión de capital si queremos cambiar la tendencia decadente en los resultados educativos del país. Actualmente la concentración del gasto corriente en salarios docentes inmoviliza las posibilidades de iniciativas jurisdiccionales”, advierte Julio Durand, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Austral.

El porcentaje de gasto provincial destinado a la educación de gestión privada (principalmente, salarios) alcanza un punto mínimo en La Rioja con el 3,9%, y un máximo en Córdoba, que destina el 21,6% del total del presupuesto educativo provincial. En promedio, las subvenciones a la gestión privada representan el 13% del gasto provincial.

Alrededor del 70% del presupuesto educativo de la Nación se destina a las universidades: el 99% corresponde a los salarios docentes universitarios y el restante 1% a infraestructura. Con el 30% de fondos restantes, la Nación financia políticas destinadas a la educación básica (inicial, primaria y secundaria).

“Argentina enfrenta desafíos educativos de todo tipo. Sería difícil intentar jerarquizarlos. Pero hay uno que podemos considerar primus inter pares: el del financiamiento. Contar con recursos suficientes marca la diferencia entre la voluntad y la realidad, entre la focalización y la universalidad, entre la atracción de docentes motivados y el mero pago de salarios. El financiamiento educativo importa porque es el requisito fundamental que garantizará las condiciones materiales y pedagógicas para el aprendizaje”, afirma Alejandro Morduchowicz, economista especialista en educación.

De acuerdo al último dato oficial disponible, del año 2017, el Gobierno nacional invirtió en educación 161.633 millones de pesos corrientes y las provincias, 438.986 millones de pesos corrientes. Esto representó 5,6% del PIB, que en este año ascendió a 10.664.779 millones de pesos corrientes.

Este porcentaje se ubica por debajo del 6% establecido por ley.

A modo de síntesis, Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, enumera cuatro grandes desafíos en el financiamiento educativo: “Primero, garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional que destina el 6% del PBI a educación y que no se está cumpliendo; segundo, incrementar la equidad en la inversión educativa frente a las inmensas desigualdades de inversión y capacidad presupuestaria de las provincias; tercero, compensar desigualdades sociales con más inversión en las zonas y escuelas más vulnerables; cuarto, mejorar la calidad de las políticas educativas para que los recursos tengan sentido e impacto profundo y sustentable”.