Lo relevó un informe de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que analizó la distribución de cargos del órgano acusatorio en función del género y la instancia procesal

El 23 por ciento de todas las fiscalías del país está a cargo de mujeres. Así lo describió el nuevo mapa de género elaborado por la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, desarrollado luego de un relevamiento que contabilizó la cantidad de fiscales titulares en todas las provincias del país y analizó la distribución de los cargos en función del género y la instancia procesal.

La DGPG se encarga de relevar de forma anual la composición de género dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación como una manera de evaluar el cumplimiento del organismo respecto de las exigencias legales de igualdad en dicha temática en el orden internacional. En ese marco, publicó una estadística de alcance nacional con datos correspondientes al mes de febrero de este año, donde corroboró que de los 213 fiscales con cargos efectivos -no subrogantes-, 49 son mujeres. Esto implica un 23% del total.

Por otro lado, si se desagregan los datos según la instancia procesal -primera o segunda etapa del proceso penal- las mujeres ocupan el 28% de los cargos de la etapa de instrucción preparatoria, con 37 magistradas titulares, mientras que representan el 16% de los cargos al frente de las cámaras de apelaciones y los tribunales orales, con un total de 12 mujeres en todas las jurisdicciones del país.

Según publicó la DGPG, cuya titular es la abogada Romina Pzellinsky, la jurisdicción con mayor cantidad de funcionarios al frente del Ministerio Público Fiscal resultó ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 113 fiscales, dentro de los cuales 87 son varones y 26 son mujeres, que representan el 23% del total de efectivos en el cargo. Luego le sigue en cantidad la provincia de Buenos Aires con la suma de 35 magistrados, cuyo 20% está representado por mujeres -7 en total-.

Ciertos datos ayudan al diagnóstico que procura elaborar la DGPG a través del mapa de género, que además se utiliza como insumo para el que luego produce la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, en las provincias de Salta y Jujuy, donde se implementó el sistema penal acusatorio, no hay mujeres titulares al frente de las fiscalías. Tampoco en Tucumán, Catamarca, Chubut, San Juan y Tierra del Fuego.

Por otro lado, en provincias como San Luis, Río Negro y La Pampa son mujeres las encargadas de la acusación fiscal, con una funcionaria titular en cada jurisdicción. A su vez, el informe sobre el mapa de género aclara que la provincia de Santa Cruz no tiene magistrados efectivos, ya que todos operan en calidad de subrogantes. Además, dentro del universo de análisis no se englobó a los fiscales de la Procuración General de la Nación ni a los titulares de Procuradurías, Unidades especiales y Direcciones Generales.

La DGPG, creada en el 2012, tiene entre sus principales funciones la de adoptar medidas con perspectivas de género para mitigar las desigualdades en las políticas internas de acceso y permanencia de las mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal. Bajo esos términos se encarga de elaborar periódicamente una serie de informes que dan cuenta del panorama de la participación femenina en los espacios de toma de decisiones, con la finalidad de cumplir con los distintos instrumentos legales internacionales como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.