La Corte Suprema, de la que depende la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen organizado (Dajudeco), que ejecuta las pinchaduras telefónicas, recibió el informe del relator especial sobre el derecho a la privacidad del organismo internacional. Joseph Cannataci denunció la “vigilancia ilegal” de la AFI a la comunidad mapuche de Chubut durante 2015.

Cannataci evaluó las recientes reformas al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y recogió las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas en el tema. La evaluación da cuenta de que mensualmente son interceptadas 6000 líneas telefónicas, de las cuales sólo 69 son escuchas directas (la que se realizan cuando corre peligro la vida de una persona, por ejemplo, ante un secuestro). También aclaraba que la mayor parte de las interceptaciones no son escuchadas por funcionarios de la Dajudeco, sino grabadas automáticamente en CDs sin intervención humana y luego son distribuidas a quien las haya solicitado.

En 2018 se pincharon 41.000 líneas telefónicas. Las principales advertencias de Cannataci giran alrededor de que “la tecnología es bastante anticuada”, hecho que obliga a la Corte Suprema a mantener una gran dependencia respecto de la AFI, el organismo que brinda el soporte técnico de aquel antiguo sistema. El informe agrega una serie de “vulnerabilidades inherentes” derivadas del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todo tipo de delitos; “la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.