De los países de la OCDE, solo los escandinavos, Francia e Islandia tienen más agentes públicos sobre el total de población ocupada, proporción en la que la Argentina más que triplica a Japón. Sin embargo, el peso de los salarios estatales sobre el PBI es el más bajo desde 2015.

El gasto en personal del Sector Público nacional de la Argentina viene bajando y este año sería de 2,2% del PBI, contra el pico de 3,3% que había alcanzado en 2015. Pero eso no se debe a una disminución de la dotación de personal, sino a la pérdida del salario real de los empleados, precisa un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Los datos están en línea con otros reportados recientemente por el Ministerio de Trabajo de la Nación, según los cuales el número de empleados públicos, considerando también los de las provincias, es el mayor del último decenio y rozó en mayo los 3,5 millones de personas.

La comparación con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es instructiva al respecto. Argentina se halla en el grupo de países con alto nivel de empleo público en relación al total de ocupados. La lista es encabezada por Noruega, con 31 agentes estatales por cada 100 ocupados, y en el otro extremo se ubica Japón, con 6 agentes públicos cada 100 ocupados.

En ese ranking, la Argentina se ubica séptima, con 20 empleos públicos nacionales (en este caso el cálculo excluye los empleos provinciales y municipales) por cada 100 totales, solo por detrás de 4 países escandinavos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) y 2 de altos ingresos, Francia e Islandia. La cifra para la Argentina supera levemente los 18 empleados públicos por cada 100 ocupados que promedia la OCDE, está muy por encima de EEUU (15), México (13), Chile (12), Alemania (11), es dos veces y media la de Corea del Sur (8) y más que triplica la de Japón (6 empleos públicos cada 100 totales).

“Considerando que los países del norte de Europa suelen presentar un sector público con amplias funciones, que cumplen con calidad, la Argentina luce un nivel de empleo público por arriba de lo esperado, teniendo en cuenta las funciones públicas y la calidad con que se prestan”, dice el estudio.