El Gobierno decidió priorizar sólo terminar con obras estratégicas vinculadas con la seguridad vial, cárceles y el control de inundaciones. Las autoridades de la Cámara de la Construcción alertaron sobre una “crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.

Más de 2.000 obras públicas quedaron frenadas este año como consecuencia del fuerte ajuste fiscal aplicado por el gobierno de Javier Milei. La Cámara de la Construcción (CAMARCO) viene alertando que de seguir por este camino los despidos en el sector podrían llegar a los 200 mil.

La construcción es uno de los sectores donde más crecieron el desempleo y las suspensiones. Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2.117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, según un reporte de la Asociación de Presupuesto Público (ASAP).

A fines de 2023 había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales mientras que en febrero pasado esa cifra bajó a apenas 300 proyectos. Es una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. El recorte del gasto en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según la ASAP.

Esta reducción fue una de las claves del gobierno de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año, de acuerdo con la estrategia de hacer ancla en lo fiscal para reducir la inflación, implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno decidió priorizar sólo terminar con obras estratégicas vinculadas con la seguridad vial, cárceles y el control de inundaciones, un tema que se evidencia clave ante la magnitud de las lluvias caídas en las últimas semanas, que anegaron partidos como La Plata, Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza.

Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $80.579,1 millones. En enero, $77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año estas erogaciones sumaron $157.683,8 millones. Es decir, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, la caída supera el 80%.

Antes de su llegada al poder, el por entonces candidato Javier Milei anticipaba que en su gestión no iba a haber obra pública y apoyaba el modelo chileno. De hecho, catalogaba a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) como “Cámara Argentina de la Corrupción”. Una vez instalado en la Casa Rosada, fue el ministro Caputo el que anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”.

Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo de Caputo. Las autoridades de la Cámara de la Construcción alertaron sobre una “crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.

Eliminar el déficit fiscal fue catalogado por Milei como “la madre de todas las batallas”. Incluso, la versión original de la Ley Bases estipulaba facultar al Poder Ejecutivo para disponer “por razones de emergencia la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.

Sin “ley ómnibus”, pero con superávit financiero, el recorte en la obra pública funcionó como una tijera efectiva sobre las cuentas del Estado. El superávit financiero del primer bimestre llegó acompañado por una caída de las transferencias a las provincias, que explican buena parte de la reducción del 82,3% del gasto de capital.

En términos reales, el ajuste en este segmento alcanzó el 92,4%, según analizó ASAP. Es otro capítulo del ajuste en la obra pública. A su vez, el estudio aludido califica como “significativa” a la contracción en jubilaciones y pensiones, cuyas partidas disminuyeron 34,8% en términos reales en los primeros dos meses del año.

Pese al freno en la obra pública, la semana pasada la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte, el proyecto de infraestructura más importante del año.

Cumpliría la función de cambiar el flujo del gas y reemplazar las importaciones de Bolivia por la producción en Vaca Muerta, motivo que el Gobierno consideró lo suficientemente “estratégico” para que el avance del pliego no se detenga.

La ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner es otra de las obras públicas importantes. La última información oficial al respecto es de octubre del año pasado, cuando la Secretaría de Energía anunció que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.

En paralelo al ajuste del gasto en ese rubro, las transferencias corrientes también sufrieron el efecto de la “motosierra”. Cayeron 19,9% en términos reales durante los dos primeros meses del año. En este sentido, el Potenciar Trabajo representó la fuente de mayor recorte porcentual con 69,8% en términos reales. Al mismo tiempo, los subsidios energéticos y al transporte cayeron 60,1% y 42,1% respectivamente en términos reales.

NA