Luego de que el Congreso aprobara la Ley de Emergencia Alimentaria, que generó conflictos con organizaciones sociales, el Gobierno oficializó este lunes 30 de septiembre la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022. Se trata de “un incremento como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”, según se publicó en el Boletín Oficial. La reglamentación se conoció horas antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda el índice de pobreza del primer semestre del año, que se especula que pueda rondar en 35%. En tanto, la extensión de la ley se dispuso a través del decreto 667/2019 publicado en el Boletín Oficial.

Allí, el decreto indica que “el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso”. Además, en el artículo 4 dispone un aumento de emergencia “como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

También determina que el jefe de Gabinete queda facultado a partir del 1° de enero de 2020 y mientras dure la emergencia alimentaria a “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”. El Senado sancionó el pasado 18 de septiembre de 2019, por unanimidad, la prórroga de la emergencia alimentaria nacional, después de un rápido debate de casi tres horas. El avance de la norma se produjo en un contexto de clima agitado en las calles por las movilizaciones de organizaciones sociales y piqueteras en todo el país, en especial en el centro de la Ciudad. Previo a su sanción el proyecto había sido aprobado en Diputados, casi por unanimidad.