La comuna capitalina apeló nuevamente a la Fiscalía y al Juzgado en turno, en el afán de garantizar el derecho a la libre circulación para conductores y peatones, con el fin de que no sean interrumpidas las diversas actividades laborales y económicas. Las autoridades municipales reiteran que las personas denunciadas “ejecutan actitudes no pacíficas, provocadoras, propinando insultos y amenazas a quienes pretenden transitar”. 

Ante otra jornada de cortes de calles por parte de diversos movimientos sociales en el centro de la capital, el Municipio de Resistencia acudió nuevamente a la fiscalía de turno y al juzgado de faltas municipal para solicitar que se garantice el derecho a la libre circulación para conductores y peatones, con el fin de que no sean interrumpidas las diversas actividades laborales y económicas. 

Desde la Comuna solicitaron a las autoridades competentes que arbitren los medios necesarios para frenar esa metodología de protesta que perjudica a comerciantes en particular y a vecinos en general. 

En la presente ocasión, se denunció a un grupo de aproximadamente 800 personas que cortaron el tránsito desde el cruce de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sarsfield, y  posteriormente hicieron lo propio frente a la sede municipal sobre avenida Italia 150. 

De esta manera, generaron “perjuicios a toda la comunidad, en la vía pública, y dificultando la circulación de vehículos particulares y del sistema de transporte público de pasajeros”, informaron desde la Comuna. 

Insultos y violencia

Las autoridades municipales reiteran que las personas denunciadas ejecutan “actitudes no pacíficas, provocadoras, propinando insultos y amenazas a quienes pretenden transitar por dicho sector, ejecutando actos violentos para intimidar, impidiendo el acceso a la zona del centro de la ciudad, la libre circulación y acceso a los locales comerciales, oficinas públicas, entidades bancarias, recreación, actividades turísticas o las viviendas particulares, paralizando el acceso a zonas neurálgicas de la capital chaqueña”. 

Basándose en el artículo 194° del Código Penal, se solicitó a la Justicia que accione penalmente para “evitar la obstrucción de la circulación vehicular y peatonal, ocupando las calles y avenidas de la ciudad, impidiendo el tránsito del transporte de pasajeros modalidad taxi y remís, trabando y entorpeciendo el acceso de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, a las distintas oficinas públicas y a las entidades bancarias para realizar trámites y gestiones, a los comercios y actividades recreativas o la circulación de los turistas que visitan la ciudad”.