Este viernes hubo 769 personas fallecidas por el virus, llegando a un total de 4.858 decesos desde el inicio de la crisis.

Desde Marbella.El Gobierno de España quiere evitar que la crisis económica que ya ha provocado la pandemia del coronavirus se le vaya de las manos. Un día después de que las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras vaticinaran que marzo se cerraría con un millón de despidos, el Consejo de Ministros aprobó este viernes la prohibición a las empresas de despedir trabajadores mientras dure el estado de alarma, que se extenderá al menos hasta el 11 de abril.

La medida, que entró en vigor este viernes impide a las empresas reducir sus plantillas de trabajadores invocando la parálisis provocada por la pandemia.

Aunque se da por descontado que la crisis económica que ya se ha iniciado será de grandes dimensiones, el Gobierno considera que se trata de una situación pasajera, por lo que las reducciones de personal también deben serlo. Según estudios de organismos privados, se estima que el Producto Interior Bruto de España caerá entre un 4,5 y un 7,9 por ciento, un desplome que ni siquiera se experimentó en un solo año durante la crisis financiera desatada en 2008.

El Gobierno considera que si el desempleo se dispara ahora, la crisis será mucho más difícil de remontar. Por eso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), subrayó este viernes tras la celebración del Consejo de Ministros que “no se puede aprovechar el Covid-19 para despedir”, y recordó a los empresarios que cuentan con una alternativa, los expedientes de regulación temporal de empleo, que se pueden tramitar en cinco días y que permiten despedir temporalmente a trabajadores por un plazo determinado con la obligación de reincorporarlos inmediatamente al acabar ese periodo.

Aún con las catastróficas previsiones que pesan sobre la economía española, sobre todo después de que la intransigencia de Alemania y Holanda impidiera que Unión Europea se negara a emitir deuda para poner dinero en el mercado, la gran urgencia de España es sanitaria.

Este viernes se superó nuevamente el número de muertos en un solo día, con 769 personas fallecidas en 24 horas que arrojan un total de 4.858 decesos desde el inicio de la crisis. Con 64.059 personas infectadas, España ya es el segundo país del mundo, por detrás de Italia, con más muertos. Nunca hasta ahora había registrado tantos fallecimientos en un solo día, pero los expertos consideran que aún no se ha tocado techo.

El único dato positivo es que el número de personas que se han curado también sigue en aumento. Ya hay 9.357, un 33 por ciento más que el día anterior.

Al declarar el estado de alarma hace dos semanas y ordenar el confinamiento en los hogares, Pedro Sánchez explicó que el objetivo era frenar los contagios y evitar que la curva de infectados superara la capacidad del sistema sanitario. Los datos indican que ese primer objetivo todavía está lejos.

Por ese motivo, el pasado miércoles, cuando un Congreso prácticamente vacío aprobó autorizar al Gobierno a extender el estado de alarma, junto a las críticas de la derecha a la gestión de la crisis se escucharon voces desde los partidos minoritarios de izquierda que pedían un endurecimiento de las medidas de confinamiento.

En Madrid, la ciudad más castigada con casi la mitad de los fallecidos y donde hubo que construir en tiempo récord un hospital de campaña en su centro de exposiciones, aún hoy todavía se ven aglomeraciones en los transportes públicos durante las horas pico. Pese a la recomendación de que se facilite el teletrabajo y de que se suspendan todas las tareas no esenciales, hay sectores que todavía no han parado totalmente, como la construcción, y lugares de trabajo donde no se respetan las distancias de seguridad, como la centros de llamadas.

Mientras desde la izquierda se piden medidas más drásticas que protejan a estos trabajadores, la derecha no deja de cuestionar la capacidad del gobierno de coalición para afrontar la crisis.

Después de haber centrado sus críticas en que se autorizaran las manifestaciones del 8 de marzo, el Partido Popular y la extrema derecha disparan ahora contra la compra fallida, por parte del Gobierno, de más de 50.000 tests a una empresa china que el parecer no contaba con las certificaciones legales para operar.