La Fiat es investigada en Brasil por su papel en la delación y persecución de sus trabajadores durante la dictadura (1964-1985). El Ministerio Público Federal de Minas Gerais abrió un expediente que deberá determinar la responsabilidad empresarial en ese período. Tiene cuatro meses para hacerlo que ya están corriendo. La Justicia tomó el caso cuando The Intercept –el medio que denunció los manejos del ex juez Serio Moro en el Lava Jato–, realizó un documentado informe en febrero pasado sobre la automotriz radicada en Belo Horizonte, donde levantó una de las plantas más grandes de automóviles del mundo. Tarcisio Henriques Filho, el fiscal a cargo de la pesquisa declaró sobre el caso: “Iniciativas que rescatan la memoria del país son fundamentales porque un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir sus errores”.

La compañía italiana no es la primera que está acusada en Brasil de haber contribuido con el sostenimiento del régimen cívico-militar. Volkswagen admitió su apoyo a la dictadura en 2017 y también fue denunciada por el MPF por violaciones a los derechos humanos. El caso de Fiat, incluso, tiene raíces que se hunden en el tiempo. The Intercept investigó en Italia cómo el ex fiscal de Turín, Raffaelle Guariniello, encontró a principios de la década del ‘70 “un archivo con 354 mil fichas personales, todas almacenadas en el antiguo edificio de la empresa, en el centro de Turín. Ocupaban un piso entero”. Eran de sus empleados a los que espiaba. Cuando el sitio brasileño que conduce el periodista estadounidense Glenn Greenwald publicó su trabajo sobre la empresa entrevistó a Guariniello: “El esquema de espionaje, corrupción y colaboración que involucra a policías, jueces y ex militares, había sido ideado por un ex militar perteneciente al servicio secreto italiano, hombre de confianza de Agnelli”, declaró el fiscal.

Ese modus operandi fue replicado por la Fiat en Brasil. Según datos que le aportó a PáginaI12 el fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul, Jair Krischke, el coronel Joffre Mario Klein era el responsable de centralizar el espionaje dentro de la automotriz situada en Betim, un municipio del área metropolitana de Belo Horizonte. Al militar “se lo consideraba el terror de los trabajadores y sindicalistas”, agregó el abogado del MJDH.

La investigación periodística que es la base de la causa judicial abierta en Minas Gerais señala que “los documentos inéditos levantados junto al Archivo Público Minero indican conversaciones entre el aparato represor del Estado y una gigantesca estructura interna y secreta de espionaje, comandada por un coronel de la reserva del Ejército dentro de la automotriz”. Klein hizo muchos viajes a Italia para formarse en la casa matriz de la familia Agnelli, en Turín. Lo corroboró su viuda, María Antonieta Klein, quien fue entrevistada en dos ocasiones por el equipo de Greenwald. “Nadie era contratado sin que mi marido supiera”, declaró la mujer. Su esposo murió en 2008 luego de retirarse y ser declarado inválido por el ejército y acogerse a los beneficios del estatuto militar de 1980.

Los servicios que le prestó Klein a la Fiat fueron innumerables. Con el beneplácito de su máximo responsable, Adolfo Martins da Costa, primer presidente de la empresa en Brasil, montó la estructura de espionaje que le permitió vigilar dentro y fuera de la fábrica a todo el personal. Para ello contó con la colaboración de los agentes infiltrados del Departamento de Orden Político y Social (DOPS) que desparramaron el terror en el país a lo largo de veintiún años de dictadura. Cuando The Intercept consultó a la Fiat para que hiciera su descargo, ésta le recordó que no tenía “memoria de los hechos y prefirió no pronunciarse”, explicó el medio que tituló su informe “145 espías”.