El sistema pasará de la órbita del Ejecutivo a la del máximo tribunal penal, tras el reclamo de “arrepentidos” que declararon en causas contra el kirchnerismo y que temen por su seguridad.

A menos de un mes para dejar la presidencia Mauricio Macri  firmará en las próximas horas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transfiere del gobierno al poder judicial el programa de protección de testigos. Con esta medida el sistema quedará a cargo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Se espera que el documento que reglamenta el traspaso se publique el jueves en el Boletín Oficial.

La medida responde al reclamo que hicieron varios “arrepentidos” como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz, que temen por su seguridad ante la vuelta del kirchnerismo al poder. Ya que declararon en la Justicia e involucraron a empresarios y exfuncionarios K en causas como los cuadernos de las coimas, La Ruta del Dinero K y Ciccone.

Las alarmas de preocupación entre los testigos protegidos se prendieron en las elecciones primarias, en las que Alberto Fernandez se impuso por 17 votos ante Macri. En ese momento se produjeron una gran cantidad de reclamos para transferir el programa, y los pedidos siguieron luego del triunfo del Frente de Todos.

Preocupados ante el cambio de rumbo político los testigos protegidos hicieron sus reclamos ante el Ministerio de Justicia, liderado por Germán Garavano. El funcionario consultó sobre la posibilidad del traspaso con jueces de la Corte Suprema e incluso con Casación, que se mostraron disconformes. La Justicia considera que deberá hacerse cargo de una estructura grande sin tener el control de las fuerzas de seguridad, que dependen del Gobierno.

Desde el Ejecutivo adelantaron que transferirán los recursos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento del programa, consigna La Nación. Los fondos estarán incluidos en el presupuesto que administra el Consejo de la Magistratura, que recibirá los activos asignados al sistema.