Se congelará el precio de 1.500 productos y habrá un tope de 4% de suba mensual para el resto de lo que fabriquen las compañías que participan. En contrapartida, tendrán una “vía rápida” de acceso al mercado de cambios

El ministro de Economía Sergio Massa anunciará hoy, según él mismo anticipó, el acuerdo alcanzado con grandes fabricantes de productos de consumo masivo y cadenas de supermercados para congelar precios a partir de este mes. Aunque ya están definidos los principales lineamientos del denominado plan Precios Justos, el entendimiento no está formalmente sellado, lo que genera cierta expectativa entre las empresas.

Sin embargo, la base del programa es clara: se autoriza un aumento de 4% inicial, a partir del cual los precios de la canasta de 1.500 productos quedarán congelados hasta marzo. Para aquellos productos que no quedan incluidos en el programa pero sean producidos por las empresas que participan del acuerdo, los precios tendrían un tope de aumento también del 4% mensual.

En contrapartida, el Gobierno garantiza a los fabricantes el acceso a los dólares necesarios para importar insumos. Esta promesa devino en la variable clave para destrabar una negociación que se inició hace semanas, con la idea oficial de que el flamante programa incluyera el precio impreso en el envase, lo que generó una enorme resistencia de las compañías y fue, finalmente, descartado. Lo cierto es que, entre aquellas empresas -más de 100 en total según adelantaron fuentes oficiales- que accedieron a firmar el acuerdo, persisten las dudas sobre la verdadera fluidez del acceso al mercado de cambios oficial. Pero, al mismo tiempo, existe la convicción de que una eventual negativa a participar las dejaría relegadas a la hora de obtener las autorizaciones y con los plazos más extendidos.

En ese marco, lo que se acordó en las oficinas de la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini tendrá su caja de resonancia en la mesa de dinero del Banco Central. Y en las reservas al final de cada día. La agenda de prioridades para la asignación de divisas se vuelve cada vez más exigente para la autoridad monetaria. Por un lado, se asume que tal como ocurre hoy, el pago de importación de insumos para la fabricación de productos básicos mantendrá la máxima prioridad. Pero, al mismo tiempo, el BCRA debe atender los pagos acumulados de aprobaciones pendientes del anterior sistema de importaciones, SIMI, por el que calculan una fuerte presión durante el verano. De hecho, esa demanda ya empezó a hacerse notoria desde principios de mes, con un saldo negativo acumulado hasta ayer para el Central de USD 713 millones.