El gobierno jujeño dictó un decreto que establece multas de entre 40 mil y hasta 1 millón de pesos, más la amenaza de “arresto o inhabilitación”, para los trabajadores de la salud que incumplan con reasignaciones de tareas, reubicamientos y traslados. La medida sumó el repudio de gremios y asociaciones médicas. Un 20% de este sector se infectó desde el comienzo de la pandemia.

Con más del 20% de los trabajadores de la salud de Jujuy infectados desde el comienzo de la pandemia, entre ellos siete fallecidos, el gobierno de Gerardo Morales ahora arremetió contra ese sector. Dictó un decreto por el cual estableció multas de entre 40 mil y hasta 1 millón de pesos, más la amenaza de “arresto o inhabilitación” para los trabajadores de la salud –del sector público o privado– que incumplan con las indicaciones del gobierno respecto a reasignación de tareas, reubicamientos y traslados.

El Decreto 1444-S-20, publicado en el Boletín Oficial del lunes, generó una inmediata ola de repudios entre los gremios del sector y las entidades profesionales médicas. El Colegio Médico de Jujuy expresó en un comunicado que “los términos del Decreto 1444 implican una amenaza a la libertad, a la integridad física, a la salud y a la vida de nuestros asociados, quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y –en consecuencia– no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar”.

Desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), que en forma coincidente con la difusión del decreto llevaba adelante un reclamo por aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y en repudio al maltrato laboral, su titular Nicolás Fernández impugnó la medida y repudió “la actitud persecutoria y punitiva del gobierno para con las trabajadoras y trabajadores de la salud”.

En su artículo primero, el decreto sostiene que “al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501”.