Tras haber recibido la municipalidad con un “operativo retirada” que costó 120 millones de pesos desde diciembre, el intendente asumió un “compromiso real y responsable” con un ahorro sólo en alquileres que ya alcanzó los 200 millones de pesos; además de la supresión de 80 líneas de celulares, 27 conexiones de internet y 54 líneas fijas.

Durante su mensaje al Concejo Municipal, Roy Nikisch reafirmó en varias oportunidades a la “transparencia y austeridad como ejes de gestión”. “Por ello eliminamos todas la Asistencias Ejecutivas y Unidades Ejecutoras que duplicaban y superponían funciones en distintos sectores de la gestión municipal”, comentó; al tiempo que detalló: “En estos primeros meses logramos ahorrar $ 200 millones anuales suprimiendo 14 alquileres y reacomodando al personal municipal en otras locaciones. A los propietarios se les debía, en promedio, más de un año de alquiler, muchos judicializados”.

Esto se dio en medio de un festival de nombramientos y decisiones administrativas “que impactaron de lleno en la economía del Municipio y lesionaron la carrera de muchos trabajadores”. Mencionó titularizaciones, pases a planta, recategorizaciones, que le costaron al vecino 120 millones de pesos desde diciembre “y pusieron todo en la misma bolsa, perjudicando a quien sí se lo merecía”.

En noviembre, el Juzgado Laboral N° 3 de Resistencia resolvió dar trámite a la acción de amparo de un grupo de trabajadoras de la Municipalidad de Resistencia y, dictó la medida cautelar innovativa que ordenó a Gustavo Martínez que se abstenga de realizar actos que impliquen la modificación del organigrama y/o escalafón actual; y todo acto que implique creación. Martínez incumplió porque no solo no suspendió su accionar, sino que continuó suscribiendo Resoluciones y promoviendo decisiones discrecionales hasta el 7 de diciembre.

Por ello se dictó la resolución N°4343 que una “revisión administrativa” de las resoluciones de intendencia que incorporaron agentes a planta permanente, otorgaron promociones, concedieron bonificaciones, modificaron estructuras de cargos y designaron titularizaciones desde el 1 de agosto al 7 de diciembre.

Pero el desmanejo no quedó en el incumplimiento de los mandatos judiciales, sino que tampoco se cumplieron con obligaciones tan básicas como el pago de seguros obligatorios que eran descontados a los trabajadores. “Para que quede claro: La gestión anterior descontaba a los trabajadores municipales en concepto de seguro obligatorio y colectivo, pero no le pagaba a la aseguradora”, añadió.

Así las cosas, el titular del Ejecutivo Municipal destacó haber podido readecuar algunos beneficios en el marco del difícil momento económico que vive el país y al que la municipalidad no escapa: “Incrementamos la ayuda escolar un 150%, una recomposición salarial de febrero en un 20% al básico, con el mismo porcentaje en la permanencia en la estructura y una mejora del refrigerio de $70.000 a $85.000. Reactivamos los préstamos de la Caja Municipal a trabajadores, que ya no dependen de la firma del intendente de turno. En los próximos meses equiparemos a todo el personal que hace meses no recibe los elementos básicos para cumplir sus tareas”.

FUNDACIÓN RESISTENCIA SOLIDARIA

En esta tan promocionada estructura se detectó la transferencia de $ 156.000.000 para la ejecución de un supuesto programa social que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2023, sin que se hayan presentado informes sobre sus resultados ni los métodos de ejecución empleados. Solo se dejó constancia de una nómina de beneficiarios, muchos de ellos incluso contratados del municipio que hoy son personal de planta permanente.

Además de los propios informes elaborados por los fundadores, se desprende que no habrían hecho los aportes iniciales para constituir una Fundación que no estaba inscripta como proveedora del Estado municipal ni hacía verdaderas rendiciones de cuenta.

Entre los programas que llevaba adelante hubo 3831 personas que cobraron 40 mil pesos cada una en el marco de un estudio socioeconómico que no tiene rendiciones ni resultados y desconociéndose la prestación de los mismos ya que no existen certificaciones de ningún tipo.