Hasta ahora, en Argentina, la Iglesia había sido denunciada por el abuso de niños y jóvenes y por la violencia ejercida contra sus propios miembros, pero nunca por violencia de género. En medio de una escalada de acusaciones, propia de cuando los sobrevivientes comienzan a perder el miedo frente a una institución medieval y verticalista, llegó la primera. Con la representación de Carlos Lombardi, abogado canonista y representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, una mujer -que pidió anonimato- demandó al Arzobispado de Mendoza por violencia de género “en su modalidad institucional”, generada por la arquidiócesis luego de que ella denunciase al diácono Juan Carlos Monjelardani.

Caso. El 26 de septiembre de 2018, Diana -así llamaremos a la denunciante- presentó una denuncia en el Arzobispado de Mendoza contra Monjelardi “por los daños que sufrí como consecuencia de haber mantenido un vínculo afectivo con el mismo”. Al siguiente día, el Arzobispado le notificó que se había iniciado una investigación encuadrada en la legislación canónica. Casi un mes después, el 24 de octubre, recibió una citación en su domicilio real y no en el legal, en la que se la convocaba a una reunión en la sede de Cáritas Arquidiocesana Mendoza, donde sería “entrevistada” por el sacerdote Ricardo Augusto Poblete, el 29 de octubre. En ningún momento se le comunicó qué pasos se habían dado hasta ese momento. A eso se sumó que uno de los testigos ofrecidos por Diana fue “visitado por dos sacerdotes en su domicilio particular, en una clara maniobra intimidatoria que, indudablemente, no sólo sorprendió al testigo sino que le infundió un profundo temor”, según consta la denuncia. Por este motivo, presentó una nota a modo de queja el 26 de noviembre: “En ella puse en conocimiento del Canciller – Pbro. Mario Panetta – las vulneraciones de derechos que estaba sufriendo: privación del patrocinio letrado y asistencia profesional; intimidación de testigos; denegación de justicia, todo en flagrante violación de normas constitucionales, convencionales y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esa nota fue respondida por el propio Canciller, quien ratificó el proceder antijurídico del Arzobispado de Mendoza, mediante nota del 07 de diciembre de 2018”.