Exigida por la oposición desde el 2017, la ley de Emergencia Alimentaria se convirtió en el reclamo más prioritario al Gobierno ante la crisis desatada por la corrida cambiaria post-PASO. Los representantes políticos, organismos sociales e instituciones alertan por el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y padres en los comedores comunitarios. La última vez que se aplicó en el país fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el día 31 de diciembre de 2002. En concreto, la Ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, y se contempla una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia.

Este miércoles 4 de septiembre habrá una jornada de medidas de fuerza en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana, Barrios de Pie Somos, CCC y CTEP instalarán una carpa frente al Congreso con la idea de permanecer en el lugar “hasta que se sancione la ley” de emergencia alimentaria. Allí serán recibidos por los diputados de la oposición quienes, según pudo saber PERFIL, ya habrían acordado la presentación de un proyecto de ley unificado y el pedido de una sesión especial para tratarlo. En plena crisis económica y social, Cambiemos se resiste a aprobar la ley de Emergencia Alimentaria con el argumento de que sus alcances ya están contemplados dentro de la Ley de Emergencia Social que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año.