Se concretó este martes Audiencia Judicial en el amparo iniciado por el Defensor del Pueblo, que registra una cautelar que suspende los permisos de desmontes en una zona netamente agrícola de la provincia del Chaco. Intervinieron todos los actores y los amicus curiae que se presentaron en el expediente.

La audiencia se celebró en la sede del Juzgado Civil y Comercial 21 de la Ciudad de Resistencia. Por la provincia, trabajaron fuertemente los abogados de Fiscalía de Estado y la Subsecretaría de Recursos Naturales. Participó también el IDACH y el Defensor del Pueblo de la provincia. Como amicus curiae, intervinieron el Consejo de Ingenieros Agronomos del Chaco (CPIACH), la ONG Greenpeace, la agrupación Somos Monte y el Frente Nacional Campesino, la Fundación Conciencia Solidaria, y la Asociación Moqoit “Qaralamaxarete Qana Lava”.

“Tuvimos la oportunidad de intervenir en la causa, al igual que todas las ONGs, en el que sostuvimos que los permisos verificaron todo el procedimiento legal, técnico y ambiental previsto por las leyes y su reglamentación, y que en la provincia se lleva adelante procesos serios en la materia. Esta cuestión debe tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión, porque detrás de cada emprendimiento agropecuario hay mucha información generada por los colegas y por organismos especializados como el INTA, el APA y las universidades, y eso nos hace destacar en referencia a otras provincias”, explicó el ingeniero Héctor Hernández, presidente del Consejo de Ingenieros Agrónomos.

En tanto, Antonio Mocovi, en carácter de titular de la Asociación “Qaralamaxarete Qana Lava”, que le corresponde la administración de 100 mil hectáreas de la Reserva Grande, explicó: “Quedamos conformes con la posibilidad de que se nos escuche. Las 100 mil hectáreas del pueblo Moqoit tiene mucho potencial para poder ser el sustento de la comunidad mocoví, que siempre estuvo relegada en la distribución de tierras comunitarias, y esta es la oportunidad de desarrollarnos. Es por ello, que estamos interesados en que tengamos la oportunidad de que el Estado, en el futuro, pueda revisar la categoría de conservación del ordenamiento territorial que se nos asignó y que nos impide desarrollar la agricultura”.

Los representantes de las ONGs, entre ellas, Greenpeace, Somos Monte y el Frente Nacional Campesino, resaltaron la iniciativa del Defensor del Pueblo, y opinaron que los desmontes no pueden otorgarse en la zona amarilla del Ordenamiento Territorial, y que su autorización desmesurada puede acarrear problemas climáticos y ambientales, con gran impacto sobre los recursos naturales. Requirieron también, que se reanude la actualización del ordenamiento y que se respete la participación de todos los ciudadanos, sobre todo pobladores locales y comunidades.

“Siempre estuvimos a disposición de colaborar con la Justica”

El subsecretario de Recursos Naturales Luciano Olivares explicó que “hace unos meses, por pedido del Defensor del Pueblo, el Juzgado civil 21 ordenó que se suspendieran permisos otorgados en una zona de nuestra provincia. Por nuestra parte, cumplimos inmediatamente con esa orden judicial, y siempre estuvimos a disposición de la Justicia”. Y añadió: “Sostuvimos que los permisos se otorgaron conforme a la reglamentación ambiental vigente, y que se respetó el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública que se exige para estos casos”.

El funcionario, destacó el medio utilizado por la Justicia para escuchar a las partes y a las personas que intervinieron en el amparo, resaltando tener la oportunidad de haber participado en esta audiencia, de las primeras en este tipo de procesos ambientales: “La audiencia de vista de causa que se llevó adelante con grabación de audio y video, lo que significa un gran avance y progreso en la celeridad, inmediación, digitalización y despapelización en lo civil y comercial, especialmente en este tipo de proceso de amparo. Tuvimos la oportunidad de dar respuesta a diferentes planteos que se realizaron, y también de escuchar la opinión de las distintas ONG y agrupaciones interesadas en la protección del ambiente”.