La medida favorece a los grupos defensores de derechos humanos de comunidades de pueblos originarios en Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

La jueza María Celeste Ferreyra exhortó al Gobierno de la provincia de Córdoba a que se abstenga de aplicar medidas que limiten o amenacen la libertad ambulatoria de los grupos defensores de derechos humanos en lo que respecta a asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios y pobladores de las localidades afectadas en el valle de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

Asimismo, Ferreyra solicitó a la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, que dé a conocer a todo el personal policial que la privación de la libertad solo puede llevarse a cabo de manera excepcional y cuando resulte necesario.

De corresponder una posible detención, la autoridad policial deberá tener presente los fundamentos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” y las disposiciones plasmadas en el Acuerdo de Escazú.

La jueza recomendó al Gobierno de Córdoba la elaboración de un protocolo destinado a la regulación de las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan la intención de proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.

Además, Ferreyra instó a la jefa de la fuerza policial en Córdoba a que los uniformados se interioricen del contenido de la resolución dictaminada.