Con el objetivo de preservar la fuente laboral de los docentes y de las carreras avanzadas de muchos estudiantes de institutos de educación superior, las legisladoras del bloque Corriente de Expresión Renovada (CER), Elida Cuesta, María Elena Vargas y Andrea Charole, presentaron el Proyecto de Ley N° 672/20 que deja sin efecto el Anexo II de la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo Provincial, que fue ratificada por ley en la última sesión legislativa. Esta reforma educativa generó polémica e incertidumbre en establecimientos, docentes y estudiantes del nivel superior.

En este sentido, Cuesta remarcó lo inoportuno del momento en el que se plantea esta reforma con la crisis del virus Covid-19 y la cuarentena que está viviendo la sociedad. “Como ya manifestamos plantear una reforma en este contexto social es sumamente inoportuno porque los docentes, estudiantes, gremios y agrupaciones de la comunidad educativa no pueden expresarse en plenitud al respecto y son ellos los que se verán afectados, no solo en los puestos de trabajo de los docentes, sino también en el futuro de muchos estudiantes que verían afectados sus estudios y carreras avanzadas. Una reforma que pretende marcar el futuro de la educación en la provincia no se puede hacer a las apuradas y en momentos de crisis sanitaria y social”, manifestó.

Por su parte, Vargas afirmó que los legisladores deben resguardar los derechos de los ciudadanos y el Ejecutivo Provincial debe resguardar la participación democrática y responsable de docentes, familias, tutores y la mayor cantidad de instituciones educativas en reformas como esta. “Ante el escenario de las políticas públicas educativas que pretenden llevarse adelante por parte del Poder Ejecutivo Provincial, enmarcadas por la cuarentena dispuesta ante el Covid-19; consideramos que para ello debería convocarse al conjunto de docentes, alumnos, intelectuales, familias, funcionarios, académicos, dirigentes políticos y sociales, entidades intermedias, con el objeto de construir una política educativa signada por la democracia pedagógica de un estado democrático pleno”, aseveró.

Del mismo modo Charole aseguró que una política pública que promueve cambios drásticos a los institutos de educación superior, modificando las ofertas educativas y quitando a estos la posibilidad de formar a los docentes, debe contar con la participación de los mismos. “Las transformaciones del tipo que se proyectan por parte del Ejecutivo Provincial necesitan la actuación de los sujetos colectivos que realicen aportes reflexivos para una reforma democrática y participativa de la educación provincial, por lo que no debemos ser ajenos a las inquietudes de la comunidad educativa en su conjunto”, marcó.