El Comité local de la Unión Cívica Radical  expresó su preocupación por la liberación de presos en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, tanto en el Chaco como a nivel nacional.

La dirigencia del radicalismo señala que recientemente el Juzgado de Ejecución Penal está procediendo a analizar el otorgamiento de prisión domiciliaria de 107 casos.

“Repudiamos categóricamente este accionar en plena emergencia sanitaria y pandemia, que pone al descubierto las falencias del sistema, pero en modo alguno legitiman una liberación como la pretendida, máxime cuando es de público conocimiento que no están dadas las condiciones para que esto ocurra. No existen elementos como tobilleras electrónicas y el servicio social del poder judicial se encuentra con guardias mínimas, de manera que primero debe restablecerse el servicio en su totalidad, antes de proceder a cualquier medida”, expresa el comunicado.

Siguen diciendo que “entendemos que la sociedad toda está haciendo enormes esfuerzos económicos, cambios de hábitos para sobrellevar la pandemia y disminuir al máximo la posibilidad de contagio; y sufre incertidumbre, angustia y preocupación, como para sumarle otras inquietudes”.

PEDIDO URGENTE A CAPITANICH Y A LA JUSTICIA

“El gobierno de la provincia del Chaco y la justicia provincial deben arbitrar los medios para asegurar las mejores condiciones sanitarias a los detenidos y no olvidarse de los trabajadores del servicio penitenciario provincial, priorizando sólo el análisis de los casos del grupo en riesgo”, dicen.

Afirman que esto no significa conceder beneficios de prisión domiciliaria por la “situación de Covid-19” al no estar dadas las condiciones operativas, destacando además que la liberación no puede realizarse sin cumplir con la notificación a las víctimas de los delitos, por lo cual solicitamos que se tenga extrema cautela y cuidado con el cumplimiento de toda la normativa, que es lo propio y fundamental en un estado de Derecho”.

Asimismo recomiendan a “los actores de la presente temática que procuren no generar expectativas inciertas a internos y familiares sobre la liberación y se proceda a garantizar la sanidad en el servicio sin cargar a la sociedad con tamaña responsabilidad, que está en cabeza de los funcionarios del Ejecutivo provincial y de la justicia”.

Por último, repudian categóricamente la liberación “de aquellos detenidos por delitos en contexto de violencia familiar o de género, a quienes no se les debe favorecer en modo alguno el acercamiento a sus víctimas”.

Firman el comunicado Nora Gauna; Daisy Suazquita; Silvina Canteros; Raul Brollo; Dorys Pacheco; Dante llanes y José Martín

NORTE.