Se trata de trabajadores que forman parte de los Centros de Referencia (CDR) ubicados en diferentes puntos del país. Para la Libertad Avanza se trata de “cajas de la política y refugios de ñoquis”.

En un nuevo capítulo del plan de ajuste del Gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se encuentra en el centro de la polémica tras anunciar el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) y el despido de 600 de sus trabajadores.

Fuentes gubernamentales han justificado esta medida, denominada como “plan motosierra”, argumentando que los CDR son considerados “cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado”. Con el cierre de estas dependencias, se busca un ahorro estimado de $5.000 millones anuales para colaborar con la reducción del déficit fiscal.

Los CDR, distribuidos en diferentes puntos del país, han sido durante años espacios locales de gestión encargados de acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales. Sin embargo, el Gobierno los ha señalado como poco efectivos, recibiendo “muy pocas consultas por día” y actuando sólo como un enlace hacia otros organismos estatales, sin resolver los trámites en su totalidad.

El cierre de los 59 locales implica un ahorro adicional para el Estado, estimado en $88 millones anuales en concepto de alquiler, así como la baja de 50 autos y 42 celulares, representando otros $20 millones por año.

En respuesta a estas medidas, el Gobierno ha anunciado la digitalización de los trámites que anteriormente se canalizaban a través de los CDR. Además, se ha habilitado una línea telefónica (0800-222-3294) para que los ciudadanos puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Si bien el Gobierno argumenta la necesidad de optimizar recursos y combatir la burocracia estatal, esta decisión ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones sociales y sectores de la oposición, quienes denuncian un impacto negativo en la atención y asistencia a los ciudadanos más vulnerables.