El intendente de la ciudad de Vicentin, radical. fue el impulsor de la protesta. Lo apyaron los “opositores” de un partido dirigido por Padoan, del directorio de la empresa. En contraposición, los trabajadores de Vicentin de Avellaneda apoyaron el rescate. Página/12 habló con Leandro Monzón, de la comisión interna.

Una carpa instalada desde anteanoche promete impedir el ingreso de los delegados del gobierno nacional en la planta de Vicentín en Avellaneda. El pueblo está revuelto, centenares de personas –de las 25.000 que viven en esa localidad– salieron el martes para un banderazo y el miércoles protagonizaron un cacerolazo, convocados las dos veces por el intendente Dionisio Scarpín, un radical que transita su segundo mandato.

Si bien la planta aceitera está en Avellaneda, Reconquista queda pegada, a 6 kilómetros, y es la ciudad más importante del norte santafesino con 90.000 habitantes. El entramado social de las dos ciudades está impregnado por la familia Vicentín. “Avellaneda tiene la particularidad de que tanto el oficialismo como la oposición son del PRO”, señala la ex presidenta del concejo municipal de Reconquista, Soledad Zalazar, del Frente de Todos.

Scarpín es afiliado a la Unión Cívica Radical, fue a elecciones para la intendencia en el Frente Progresista y en las nacionales hizo campaña abiertamente por Mauricio Macri. Fue el abanderado contra la expropiación pero no estuvo solo: la convocatoria al cacerolazo del miércoles, a las 20, en calle 14 y 11 de Avellaneda, llevaba un sello de “En vivo TN”, que se mezclaba en el flyer con las consigna “Defendamos lo nuestro”. Así se viralizó en las redes.

El otro partido con representación local en Avellaneda fue inicialmente vecinalista, “Unidos por Avellaneda”, fundado por Alberto “Beto” Padoan, integrante del directorio de Vicentín y ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. En las últimas elecciones se presentó como Unión PRO. Desde el Frente Progresista, Scarpín obtuvo el 65 por ciento de los votos en las elecciones comunales y Macri se llevó el 54,58% en las nacionales.

La posición de los trabajadores

“Estamos muy divididos, algunos piensan a favor de Vicentín, otros pensamos a favor de los trabajadores”, señaló Leandro Peki Monzón, integrante de la comisión interna de Vicentín en Avellaneda. El año pasado, el traslado de la fraccionadora de aceite hacia San Lorenzo les hizo perder unas 60 fuentes de trabajo, que terminaron siendo “despidos voluntarios”. “Cuando hubo que defender a los trabajadores los intendentes no estuvieron”, agrega Monzón.

El sindicato apoya la intervención y expropiación en defensa de las fuentes de trabajo. “Somos 200 aceiteros, en esta zona serían 2000 trabajadores directos y el triple indirectos”, puntualiza Monzón sobre lo que está en juego. Vicentín trabajó durante toda la cuarentena, ya que sus actividades –menos la textil, durante la primera fase– fueron consideradas esenciales. Aún así, sus trabajadores cobraron el sueldo con un 25% de descuento y no recibieron los aumentos correspondientes a abril y mayo, según el convenio de aceiteros.

Zalazar analizó que la movilización tuvo que ver “con un problema de desconocimiento de qué plantea el gobierno. No sé si tienen claro que el Presidente Alberto Fernández dijo claramente que primero hacía un decreto de necesidad y urgencia para la intervención y después la expropiación va a ir al Congreso, la gente no sé si lo entendió, que nadie está por asaltar nada”.

“Peki” Monzón está en las antípodas de quienes salieron a defender a los empresarios. “Desde el sindicato estamos de acuerdo con la expropiación porque queremos defender los puestos laborales. Cómo no vamos a estar de acuerdo si el estado trata de ayudar a una empresa para mantener los puestos laborales en toda la zona”, sentenció.