La investigación se lleva a cabo en la provincia, nuevamente uniformados involucrados en hechos delictivos, por la gravedad de la situación el gobernador Jorge Capitanich y la Ministra de Seguridad firmaron un decreto en el que detallan sanciones.

La información da cuenta de una red de venta de vehículos judicializados y documentación apócrifa, en el que estarían involucrados cuatro uniformados.

La sanción expulsiva de cesantía se aplicó sobre la Comisario Mayor Irma Insaurralde, el Comisario Mayor Gustavo Ortiz, el comisario Principal Rubén Valenzuela y el subcomisario Antonio Ricail y el decreto rubricado por el primer mandatario establece: “las normas disciplinarias previstas en el Artículo 98 inciso m), en concordancia con el Artículo 99 “Faltas Graves” –Apartado “A” incisos h) y rr), Apartado “B” inciso c), con los agravantes del Artículo 81 incisos f) y h), todos del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP)”. ( 2528/22).

La fiscalía N° 14 a cargo de Francisco Asís de Obaldía Eysseric, interviene en el esclarecimiento de lo sucedido desde 2020, se realizaron allanamientos, cruce de información de varios teléfonos celulares que complicaron la situación de los antes mencionados.

Cabe señalar que algunos de los efectivos tenían la responsabilidad de custodiar los vehículos judicializados, sin embargo, armaron una red de venta de los mismos, debido a la jerarquía que ostentaban y el cargo que tenían en distintas areas como la División criminalística, es que el ejecutivo pidió inmediatamente la sanción expulsiva de cesantía para cuatro efectivos jerárquicos de la Policía.