El organismo nacional avanzará en la implementación de lo conocido como “rifle sanitario”, alegando que las muestras tomadas en el establecimiento han dado un resultado positivo irrefutable. En la empresa Avícola Santa Ana actualmente trabajan unas 150 personas, quienes podrían perder sus puestos debido a esta decisión. 

Este lunes, el Poder Judicial de la Nación, a través del Juzgado Federal de 1era Instancia de Corrientes, dio parte al recurso de amparo presentado por la Avícola Santa Ana, firma que por medio de esta herramienta legal buscó frenar el sacrificio de 200 mil aves denunciando que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) había notificado falsos casos de influenza aviar tras realizar erróneamente la toma de muestras en el establecimiento.

Pese a que la Justicia avaló la solicitud de la empresa y dio parte con una habilitación formal de la vía del amparo, desde el organismo nacional confirmaron que se avanzará con la decisión tomada y se procederá a sacrificar a la población aviar con la que cuenta la firma. El abogado de Avícola Santa Ana, el dr. Armando Aquino Britos, aseguró a Punto de Referencia que irá por los medios legales necesarios para demostrar que la entidad nacional actuó sin fundamentación concreta perjudicando gravemente a cientos de trabajadores. En la empresa actualmente trabajan alrededor de 150 personas, quienes podrían perder sus puestos. 

“Senasa notificó que le suspenden toda actividad comercial a la firma. En lugar de enmendar el error actúan con autoritarismo. Por lo que vemos, para las autoridades del Senasa no va a haber necesidad de reemplazo por cambio de gobierno, va a haber reemplazo porque van a  ir todos presos”, aseguró el abogado de la empresa. 

En este sentido, indicó: “Tienen un actitud de autoritarios que quieren evitar que se descubra la verdad con tal de salirse con la suya en la impunidad del delito. Están queriendo ahogar económicamente a la empresa”. 

“Acá va a tener que intervenir Provincia porque está afectando decisiones interjurisdiccionales. Otra son las cuestiones que hacen que esto se expresa de manera tan violenta que viola lo dispuesto por el juez y nos da a lugar a ampliar la protección judicial que buscamos por la vía de amparo”, agregó.

Respecto a las repercusiones que esto tendrá en el plano laboral, Aquino Britos apuntó a que irá por las vías necesarias para defender los intereses de la empresa y remarcó que se trata de un gran perjuicio para numerosas familias: “¿De qué se van a  disfrazar los 150 empleados que tiene la planta, de que van a  vivir? Hay un funcionario muy importante del orden nacional que me dijo que iba a gestionar un subsidio para los empleados y yo le dije que le convenía gestionar colchones, sabanas y almohadas para los funcionarios que van a terminar presos”.