La justicia civil de nuestra capital dictó una medida cautelar por la cual el gobierno provincial deberá realizar testeos masivos de PCR a la comunidad de un geriátrico de manera preventiva y en forma periódica para evitar que se contagien de coronavirus.

De esta manera el Ministerio de Salud del Chaco deberá proveer de estos elementos esenciales para la detección del Covid 19 en la población vulnerable. Esta decisión, dispuesta por la jueza María Eugenia Barranco Cortés, se convirtió en la primera que obliga al Estado a testear de forma preventiva y periódica para protección contra el virus.

Un grupo de abogados del estudio Dahlgren & Asociados obtuvieron en Resistencia, la primera medida cautelar dictada en el país de este tipo que beneficia a los adultos mayores alojados y a su personal de forma periódica.

La medida cautelar fue dictada en el marco de un amparo que La Fabiana Residencia para Adultos Mayores S.A., promovió contra el Ministerio de Salud Pública del Chaco.
La jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial 4, doctora María Eugenia Barranco Cortés, ordenó al Ministerio de Salud a testear con frecuencia intentando prevenir el ingreso del Covid-19 al establecimiento geriátrico.

En el país existen antecedentes de medidas cautelares que obligaron a testear en geriátricos pero solo ante casos sospechosos. Por otra parte otros fallos obligaron a testear masivamente una clínica u hospital, pero por única vez.

Es la primera vez que la justicia obliga al Estado a testear de modo preventivo, anticipando y de forma periódica, como método de protección.

Los residentes de un geriátrico constituyen una de los segmentos de la sociedad más vulnerables frente al virus Covid-19, no solo por la cuestión de la edad, sino debido a que generalmente la mayoría posee enfermedades de base.

El estudio fundamentó que “el testeo preventivo aparece como la herramienta más idónea para la protección de la salud de los adultos mayores. Con este fundamento se promovió una acción de amparo para proteger el derecho a la salud de los residentes, profesionales y empleados ante la omisión del estado de proveer testeos masivos de forma preventiva ya que sólo testea ante los denominados casos sospechosos”.